Educación y el espejismo de las políticas educativas

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Categoría: Opinión

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por Paula López David
Estudiante de 4º año, Profesorado y Licenciatura en Ciencias de la Educación Facultad de Filosofía y Humanidades – UNC

“La educación y el conocimiento son un bien público y un derecho personal y social, garantizados por el Estado” (Artículo 2º -LEY Nº 26.206 – Ley de Educación Nacional); éste es uno de los principios básicos que regula al sistema educativo conformado por una red institucional extensa y compleja que abarca el espacio público y privado, organismos, actores y funciones diversas, en gran parte reguladas por el Estado.

En nuestro país las intenciones políticas que se vienen perfilando en estos últimos años, se enmarcan en un discurso en el que se destaca “la definición de la educación como derecho social y no sólo como bien social o como servicio, y la meta de la igualdad, y no sólo la equidad, como políticas de Estado”. En palabras del ex Ministro de Educación, Daniel Filmus: “La Ley de Educación Nacional constituye un paso fundamental en el proceso de la recuperación de la educación para la construcción de una sociedad más justa”. Y es en este punto, en el que deseo problematizar una idea recurrente y naturalizada de nuestros gobernantes, por lo menos, los que han detentado el poder en los últimos años de nuestra historia, acerca de pensar que las políticas públicas son meramente actividad del Poder Ejecutivo Nacional, aquel poder ajeno y lejano, sobre el cuál pareciera que las jurisdicciones provinciales y municipales, “nada pueden hacer o mejor dicho, nada quieren hacer”.

Es este pensamiento, meramente administrativo y burocrático de la educación, con el que nuestros gobernantes pretenden justificar la existencia de un mecanismo de “chivos expiatorios”, que les permite deslindarse de sus responsabilidades e imputárselas al macrosistema estatal nacional o provincial. Pero, la relación Estado-Sociedad, se concreta a partir de la “toma de posición” de diferentes actores sociales y estatales que reestablecen el vinculo entre “lo que dice la Ley y lo que realmente sucede en el campo educativo”; porque la acción de los sujetos se contextualiza, y desde la contextualización de una determinada problemática se pueden pensar formas de acción que rompan con la lógica burocrática a la que poco le importa el sujeto, como ser humano que siente, piensa y crece.

Aquí, es en donde recalco, la importancia que tiene, que las jurisdicciones municipales, se involucren activamente en las demandas, necesidades y problemáticas educativas de una comunidad; porque es hora de romper con esa lógica mecanicista con la que se manejan nuestros órganos de poder. Este modelo de “esperar que la solución llegue”, como si nosotros no pudiéramos hacer nada al respecto; ya no es viable en los tiempos actuales, donde en comunidades pequeñas, evidenciamos recurrentes casos de “exclusión escolar”. Deserción, repitencia, exclusión, son algunos de los tantos síntomas que manifiesta el Sistema Educativo, y ante los cuales, desde el microsistema, desde el municipio, en trabajo conjunto con las escuelas, se podrían construir proyectos de diagnóstico e intervención que favorezcan la consolidación de un sistema de igualdades, donde nuestros niños, jóvenes y adultos puedan tener las mismas posibilidades de acceso al conocimiento. Es nuestra responsabilidad y compromiso como ciudadanos, plantear y reclamar la necesidad e importancia de fomentar políticas educativas, desde el municipio, considerando a la educación como un fenómeno que le permite al sujeto abrirse camino hacia nuevos rumbos.

Es en este viaje hacia el cambio, en el que se plantea una necesaria toma de posición, ya que ninguna Ley de Educación existente en nuestro país (Ley Nacional Nº 26.206 o Ley Provincial de Córdoba Nº 8113) impide que cada jurisdicción fomente y lleve adelante proyectos educativos para “la construcción y desarrollo de una sociedad más justa”. No esperemos que el cambio tenga génesis en el macrosistema, todo cambio sólo es posible, si se rompe con las estructuras naturalizadas y mecanicistas, que habitúan, en cierta comodidad, al sujeto en su andar cotidiano. Es hora, de comenzar a actuar como ciudadanos, porque la ciudadanía no es simplemente un derecho y una obligación, es una necesaria toma de posición, se trata de apostar por una forma de acción social educativa en su naturaleza, participativa y democrática en su forma, socialmente crítica en sus objetivos, y dirigida hacia una remoralización y repolitizacion de los sujetos en condiciones de autonomía libre de la dominación. Así que, es totalmente mi toma de posición, que al momento de participar en instancias electorales, como las que se avecinan, en nuestro pueblo y en nuestro país, pensemos y actuemos como ciudadanos, comprometidos con una sociedad igualitaria, para la cual es necesario re-crear las prácticas participativas, desmitificando esa pseudoidea de que lo único que pareciera que importa es la estructura, lo que se ve, y no se toman en cuenta, los sujetos que somos parte de la estructura. No se trata de tener una escuela bonita, un pueblo bonito, en donde el envoltorio nos engaña, sino que se trata de “recuperar la comunidad” formando y garantizándole a nuestros niños, jóvenes, docentes la posibilidad de “ser parte” de la educación.